Como consecuencia del asesinato del Capitán de la Marina Rafael Acosta Arévalo el 29 de junio de 2019, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, declaró ayer (1 de julio) su consternación por la muerte y la clara evidencia mostrada de actos de tortura realizados.

El capitán de la Marina, Rafael Acosta Arévalo, fue sometido sin orden judicial, a un arresto arbitrario el 21 de junio por hombres no identificados y fue mantenido cautivo durante 7 días en un lugar desconocido por sus familiares y abogados, hecho este reconocido como desaparición forzada. Debemos recordar que la detención coincide con la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela.

El 28 de junio, fue presentado ante un tribunal militar por miembros de las fuerzas de contrainteligencia militar (DGCIM) del país, acusado ​​de planear un ataque contra el dictador Nicolás Maduro Moros. Se le asignó un abogado militar del Estado, no pudiendo contar con un letrado de su confianza, lo que constituye una violación al Derecho a la Defensa. Los familiares afirman que el capitán Acosta fue presentado al juez en una silla de ruedas con marcas visibles de tortura. Más tarde, fue llevado al Hospital Militar de Caracas, donde murió el 29 de junio. Ha habido varias solicitudes, por parte de familiares y abogados, para la entrega del cuerpo del Capitán Acosta, pero ninguna de ellas ha sido abordada por el Estado.

El patrón sistemático de tortura, abuso de poder y opresión a cualquier forma de oposición del régimen de Maduro, ha creado un sistema que funciona bajo un pilar de la impunidad, amparado por un sistema de justicia tolerante y complaciente con los perpetradores hasta la más alta línea de mando. Tal pilar, masifica y agrava los actos de tortura, las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. 

Por su parte, el Ministerio Fiscal atenúa la participación de los funcionarios implicados en estos crímenes, tergiversando los hechos, distrayendo la repercusión directa de los perpetradores y la aquiescencia de una cadena de mando militar visible que opera para llevar a cabo sistemáticas violaciones de derechos humanos y graves crímenes para preservar en el poder de la dictadura de Maduro Moros. De esta manera, se estructura el poder de facto en Venezuela para arremeter contra la disidencia, obstaculizar la justicia y garantizar la impunidad en términos internos. Los actos de tortura y la violación general de los derechos humanos al pueblo venezolano se agudizan y aumentan día a día, en sus diferentes formas y métodos.

Todas las futuras investigaciones deben ir dirigidas al Derecho a la Verdad. La detención de los funcionarios que cometieron tales actos de tortura no eliminará el pilar de la impunidad. Como se dijo, hay una cadena de mando ascendente que debe ser considerada responsable de los actos de los perpetradores. En los crímenes de lesa humanidad, existe la llamada “responsabilidad de mando”, que responsabiliza a las autoridades civiles y militares que han omitido su deber de impartir las instrucciones necesarias para prevenir delitos de esta naturaleza.

El Instituto de Derechos Humanos por la Paz y la Libertad hace un llamado a la Fiscal Principal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y a toda la comunidad internacional, para abordar la situación y exigir una investigación adecuada y transparente según las normas internacionales.