Rubén Romero Lozano
@rubenromeroloza

Resumen

La pandemia por coronavirus COVID-19 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de grandes grupos de personas ante las decisiones de los Estados y gobiernos. Así mismo, ha revelado algunas de las enormes desigualdades del mundo globalizado. Desde las maniobras de censura iniciales en China Central, hasta el uso de los estados de emergencia y alarma para sofocar a la disidencia, pasando por las consecuencias sobre derechos fundamentales incluidas las limitaciones sobre el derecho de movimiento, el de la vida familiar y  el de la reunión.  Así mismo, a medida que la pandemia cobra fuerza en países de ingreso bajo, con crisis humanitarias preexistentes, con altos niveles de inmigración, empobrecimiento, autoritarismo o corrupción, las consecuencias se magnifican para los grupos y pueblos en situación de mayor vulnerabilidad. 

Origen

La pandemia por coronavirus COVID-19 es causada por el virus SARS-CoV-2.  Se estima que la misma comenzó el 1 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, en China central, cuando se reportó a un grupo de personas con neumonía de causa desconocida, vinculada principalmente a trabajadores del mercado mayorista de mariscos del sur de China de Wuhan,  el cual vende, entre otros productos, varios tipos de animales exóticos vivos, pero  sin que se pueda indicar con certeza que este fue el lugar de inicio de la pandemia, especialmente por la opacidad de las primeras informaciones ofrecidas por las autoridades de ese país. 

Sin embargo, el COVID-19 guarda una impresionante semejanza clínica, epidemiológica y microbiológica con el anterior agente del SARS (SARS-CoV-1). La evidencia de transmisión de persona a persona, principalmente vía respiratoria por gotitas de secreción, algunas veces por aerosoles, y otras por contacto directo; y ante la posible contagiosidad antes del inicio de síntomas, presagiaron su difícil contención y rápida diseminación a gran escala, a pesar de su índice de reproducción relativamente bajo.[1]

No obstante su origen, la pandemia ha desvelado lo que la Organización de Naciones Unidas, expertos, defensores y activistas de ddhh,  han venido anticipando hace varios años, y que fue plasmado en el informe anual presentado en septiembre de 2019 por el organismo independiente de supervisión y rendición de cuentas, para garantizar la preparación para las crisis de salud mundiales.

El mundo eligió no prepararse para la pandemia

El Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), compuesto por líderes políticos, directores de agencias y expertos de clase mundial fue creado en respuesta a las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Crisis de Salud Global del Secretario General de la ONU en 2017, fue convocado conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud y el Grupo del Banco Mundial y lanzado formalmente en mayo de 2018. 

“Durante mucho tiempo hemos permitido que se suceda un ciclo internacional de pánico y abandono: prodigamos los esfuerzos cuando surge una amenaza grave y nos olvidamos rápidamente cuando remite”…”El escollo principal es la financiación. Sigue sin invertirse lo suficiente, aun siendo lo más inteligente desde el punto de vista económico.[2]

Para su primer informe, la  Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación (GPMB por sus siglas en inglés), revisó las recomendaciones de paneles y comisiones anteriores de alto nivel luego de la pandemia de influenza H1N1 2009 y el brote de ébola 2014-2016, junto con sus propios informes comisionados y otros datos. El resultado es una instantánea de la posición del mundo en su capacidad para prevenir y contener una amenaza para la salud global. Muchas de las recomendaciones revisadas se implementaron mal o no se implementaron en absoluto, y persisten brechas graves.[3]

El informe, ya a finales del año 2019 era capaz de predecir con escalofriante certeza, que una pandemia ocurriría: desde el primer párrafo del prólogo lo indica con absoluta claridad:  “Si bien la enfermedad siempre ha formado parte de la experiencia humana, una combinación de tendencias mundiales, que incluye en la ecuación la inseguridad y fenómenos meteorológicos extremos, ha incrementado el riesgo. La enfermedad se encuentra a sus anchas en el desorden y aprovecha la situación: los brotes han ido en aumento en las últimas décadas y el espectro de una emergencia sanitaria mundial se vislumbra peligrosamente en el horizonte. Si es cierto el dicho de que «el pasado es el prólogo del futuro», nos enfrentamos a la amenaza muy real de una pandemia fulminante, sumamente mortífera, provocada por un patógeno respiratorio que podría matar de 50 a 80 millones de personas y liquidar casi el 5% de la economía mundial. Una pandemia mundial de esa escala sería una catástrofe y desencadenaría caos, inestabilidad e inseguridad generalizadas. El mundo no está preparado[4]

La Pandemia por coronavirus COVID-19 es el resultado del incumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos de los Estados y gobiernos.

Cada Estado (gobierno, instituciones, poderes públicos) conforman el cuerpo que tiene la competencia y al mismo tiempo, el deber de garantizar el disfrute y el acceso de todos los derechos para todas las personas, sin discriminación por motivo alguno. Esta función sólo es posible en relación con el estado de derecho, es decir, el estado de derecho es el medio para la promoción y protección de las normas y leyes, proporcionando una estructura a través de la cual el ejercicio del poder se somete a normas convenidas, garantizando la protección de todos los derechos humanos.[5]

Así mismo, es en base a esta relación entre los derechos humanos y las acciones que desarrollan los Estados, gobiernos e instituciones, es decir, a las políticas públicas, que se crean los procesos jurídicos, las instituciones y las normas sustantivas para que sean compatibles con las normas de derechos humanos, incluidos los principios básicos de igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley y equidad en la protección y reclamación de los derechos (S/2004/616, para. 6).[6]

Por ello, es posible afirmar que la falta de preparación ante la pandemia de COVID-19 es un incumplimiento de la obligación que tiene todo Estado, todo gobierno y toda institución que funcione dentro del marco del estado de derecho, es decir, todo régimen democrático o que funcione de acuerdo a estándares internacionales de ddhh, de brindar protección a las personas que habitan en su territorio.

Entonces, las cifras de muertes como consecuencia de una pandemia mundial que había sido correctamente diagnosticada -y ciertamente previsible, según la evidencia que arroja el GPMB- desde septiembre de 2019 y de cuya posibilidad de transformarse en una crisis mundial existía público conocimiento, son imputables a los Estados que decidieron tomar medidas de protección, o no tomarlas; adecuar sus sistemas para dar respuestas oportunas y acertadas  ante una emergencia sanitaria de gran escala o no adecuarlos; a aquellos Estados que decidieron invertir en cuidar la salud y en definitiva la integralidad de los derechos de las personas, o no invertir en ello. 

No obstante, la responsabilidad de los Estados no recae solamente sobre las consecuencias directas de la epidemia, la cantidad de personas infectadas, la administración de servicios sanitarios suficientes, asequibles y universales, o, la cifra de personas fallecidas a consecuencia del COVID-19, sino que va mucho más allá, los Estados son directamente responsables por las consecuencias económicas, sociales, políticas y en general por todos los efectos adversos que la pandemia por coronavirus está teniendo en las vidas de las personas. 

Desde las cuarentenas que implican el confinamiento de las personas en sus hogares, las pérdidas económicas en las empresas cuyos servicios no son considerados básicos y que se ven obligadas a cesar operaciones temporalmente, pasando por la interrupción de servicios fundamentales asociados a derechos como la educación, así como la finalización de contratos laborales temporales o precarizados durante el estado de alarma o emergencia, afectando el derecho al trabajo, e incluso la propia restricción al libre tránsito.

Por ende, si bien la pandemia en sí o cualquier otra emergencia sanitaria o crisis similar propagada de forma no intencional, no es responsabilidad directa de los Estados, en tanto fenómeno epidemiológico, sí lo son las consecuencias de la falta de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, tanto preventivas como de respuesta a la situación concreta. 

La inacción, es decir, lo que el Estado deja de hacer, es también una política pública. En este caso, toda medida tomada a destiempo, toda falta de respuesta oportuna, toda casualidad en el proceso, es responsabilidad estatal. 

Sin embargo, es claro que las víctimas no son solamente aquellas personas que han resultado diagnosticadas con la enfermedad producida por Coronavirus 2019 (COVID-19), sino que las víctimas de la inacción de los Estados en prepararse para esta contingencia  somos todas las personas, pero especialmente las comunidades con menos recursos y especialmente en los países donde existen agravantes como conflictos armados, étnicos, crisis humanitarias, falta de acceso a servicios públicos, agua limpia y saneamiento, así como en casos donde gobiernos autoritarios, o con altos niveles de corrupción administran los recursos. 

Es deber de la comunidad internacional poner foco en los grupos que sufren las consecuencias de la pandemia, tanto directa como indirectamente. Especialmente sobre las personas que sufren las consecuencias económicas y sociales de la misma. 

En ese sentido, por ejemplo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha dicho a sus ciudadanos que “nadie debería preocuparse por pagar el alquiler”. Ahora Emmanuel Macron, presidente de Francia, ha garantizado la “suspensión de alquileres y facturas de agua, gas y electricidad a pymes en dificultades”.[7]

Justamente, el gobierno de Francia ha anunciado medidas de choque inéditas, para mitigar el impacto del  COVID-19 en la economía y en la vida de los ciudadanos. En una alocución televisada, el presidente francés explicó que se dedicarán 300.000 millones de euros a salvar las empresas. Ninguna de ellas debe quebrar debido al coronavirus. El Estado asumirá el pago de los créditos bancarios contraídos. También se suspenderá el pago de impuestos y cotizaciones sociales, de las facturas de agua, luz y gas,así como los alquileres.[8]

Es fundamental que no sean las personas, especialmente las de menos recursos las que paguen las consecuencias económicas de esta pandemia, especialmente en el contexto de desigualdad globalizada de la cuarta revolución industrial, las medidas no pueden estar dirigidas únicamente a empresas, deben contemplarse medidas universales con énfasis en grupos en situación de vulnerabilidad.

Los estados tienen una responsabilidad enorme con nuestros derechos y con la historia universal: es necesario volver la mirada a la necesidad de tomar medidas, de planificar, de prepararse ante las crisis sanitarias. Es el deber de los Estados, y es, a la luz de los hechos recientes ocasionados por el COVID-19, un deber ineludible. La propagación rápida de una pandemia debida a un patógeno respiratorio letal (de origen natural o liberado accidental o intencionadamente)[9] conlleva requisitos adicionales de preparación. Los donantes y las instituciones multilaterales deben garantizar inversiones suficientes para el desarrollo de vacunas y tratamientos innovadores, la capacidad de fabricación en caso de aumento súbito de la demanda, los antivirales de amplio espectro e intervenciones no farmacéuticas adecuadas. Todos los países deben poner en marcha un sistema para compartir de inmediato las secuencias genómicas de todo patógeno nuevo con fines de salud pública, junto con los medios para compartir contramedidas médicas limitadas entre países.

¿Qué debemos exigir?

Hay siete medidas urgentes, cuya exigibilidad debemos impulsar, ante los Estados y ante las Naciones Unidas:

  1. Las y los jefes de gobierno deben comprometerse e invertir.
  2. Los países y las organizaciones regionales deben liderar con el ejemplo.
  3. Todos los países deben construir sistemas fuertes.
  4. Los países, los donantes y las instituciones multilaterales deben estar preparados para lo peor.
  5. Las instituciones financieras deben vincular la preparación con la planificación del riesgo económico.
  6. Los financiadores de asistencia para el desarrollo deben crear incentivos y aumentar los fondos para la preparación.
  7. Las Naciones Unidas deben fortalecer los mecanismos de coordinación.

Los dirigentes de todos los niveles detentan la clave. Es responsabilidad suya dar prioridad a la preparación con un enfoque pansocial que garantice la participación y protección de todas las personas. El mundo necesita establecer de forma proactiva los sistemas y compromiso necesarios para detectar y controlar posibles brotes epidemiológicos. Tales actos de preparación constituyen un bien público mundial que debe promover de forma constructiva la colaboración de las comunidades —ya sean locales o internacionales— en la preparación, detección, respuesta y recuperación. Invertir en la preparación ante las emergencias sanitarias mejorará los resultados sanitarios, generará confianza en la comunidad y reducirá la pobreza, y contribuirá también a los esfuerzos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. [10]

Una estrategia integral frente a crisis sanitarias y de salud, asumida desde el enfoque de  responsabilidad del Estado en materia de ddhh, en coordinación con los organismos multilaterales, entre otros la OMS y el GPMB, que tome en cuenta la multidimensionalidad, la multifactorialidad y la multiagencialidad que convergen en la temática, así como la planificación de los riesgos jurídicos, económicos, sociales o políticos, no debería ser una utopía, sino la ruta para garantizar a todas las personas, la libertad para vivir con dignidad, es decir, para vivir sin miseria y sin temor. 

Una pandemia es una amenaza a los derechos humanos. Todos los seres humanos tienen derecho a ser tratados con dignidad y respeto y las personas pueden tener esa dignidad y respeto mediante el disfrute de todos los derechos humanos, protegidos mediante el estado de derecho[11], es decir, mediante el cumplimiento de las obligaciones de ddhh por parte de los Estados, gobiernos, instituciones y autoridades. 


[1] Villegas-Chiroque, M. (2020). Pandemia de COVID-19: pelea o huye. Revista Experiencia en Medicina del Hospital Regional Lambayeque, 6(1).

[2] Peiró, Patricia. (2019). El mundo tiene que prepararse para la próxima gran pandemia letal. Nueva York: El País. Recuperado de: https://elpais.com/elpais/2019/09/25/planeta_futuro/1569435266_953355.html

[3] Global Preparedness Monitoring Board. (2019). Un mundo en peligro: Informe anual sobre preparación mundial para las emergencias sanitarias/Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación. Organización Mundial de la Salud. Recuperado de: https://apps.who.int/gpmb/annual_report.html

[4] Negritas y subrayado nuestro. 

[5] Organización de las Naciones Unidas. (s/f). Estado de Derecho y Derechos Humanos. La ONU y el Estado de Derecho. UN.org. Recuperado de: https://www.un.org/ruleoflaw/es/rule-of-law-and-human-rights/

[6] Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 2004. El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos (S/2004/616, para. 6).

[7] Brunat. David. (2020). ¿Suspender el alquiler como en Francia? s/l. El Confidencial. Recuperado de: https://www.elconfidencial.com/economia/2020-03-17/coronavirus-moratoria-alquiler-hipoteca-renegociar_2501475/

[8] Val, Eusebio. (2020). Francia asume los créditos y suspende el pago de alquileres, impuestos y recibos de luz, gas y agua. París: La Vanguardia. Recuperado de: https://www.lavanguardia.com/internacional/20200316/474212594165/coronavirus-macron-medidas-choque-indeditas-francia.html

[9] Global Preparedness Monitoring Board. (2019). OP. CIT

[10]Global Preparedness Monitoring Board. (2019). IDEM. 

[11] Asamblea General de las Naciones Unidas. (2005). Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos. UN.org. Recuperado de: https://undocs.org/es/A/59/2005









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