Rubén Romero Lozano
Resumen
La pandemia por COVID-19, ha demostrado que aunque el virus no discrimina, las medidas tomadas por muchos gobiernos si. La cuarentena obligatoria, las medidas de restricción al libre tránsito pensadas para “salvar vidas” están dejando en situación de pobreza por ingresos a millones de personas. El libre mercado no es capaz de proteger a nadie que no controle el capital, ni siquiera a los ricos, pero, los Gobiernos, ¿tampoco? Aislarse en el lujo de una propiedad exclusiva de mil cuatrocientos metros con vistas panorámicas, no es lo mismo que aislarse en un piso de alquiler de cuarenta metros, con vistas internas a los muros roídos por la desidia, y tampoco es lo mismo que aislarse en un albergue para personas sin hogar o en un campo de refugiados, sin tener una idea de lo que deparará el futuro. Los discursos oficiales dicen que “saldremos de esto juntos”, pero ¿cómo?, si la desigualdad ya nos ha dividido desde antes de la pandemia; “El enemigo es uno solo: El COVID-19, y es el enemigo de todos” pero ¿no es también el enemigo, un gobierno que solo toma medidas sanitarias para “salvar vidas” pero que no plantea sacar del fondo oscuro a quienes vienen batallando con epidemias todavía más crueles: la desigualdad y la pobreza?
Las números de la dignidad.
La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Una familia dividida por un abismo: las enormes diferencias en el acceso a oportunidades.
Para la Unión Europea, tras la grave crisis económica de 2008, el objetivo planteado fue reducir la cantidad de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en el continente, partiendo de un total aproximado de 113 millones de personas, hasta 96,1 millones, lo que implicaba proteger y garantizar los derechos humanos de casi 17 millones de seres humanos.
Las familias monoparentales son las que se encuentran en mayor riesgo, seguidas de las personas que viven solas, adultas mayores, migrantes, asiladas y refugiadas.
En el caso de España, el objetivo en 2008 era que para 2020 hubiese solo 9,3 millones de personas en situación de pobreza y exclusión. Sin embargo, de acuerdo a cifras oficiales del INE, son más de doce millones, por ello, España necesitaba “sacar a unos 2,7 millones de personas de estar en riesgo de pobreza para cumplir su objetivo 2020”. Las cifras revelan la dolorosa realidad: no fue posible, no hubo voluntad suficiente. Ahora esa imposibilidad será respaldada y por algunos justificada como un “hecho de fuerza mayor”, la pandemia por COVID-19.
Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé que la economía de la región se vea impactada en distintos frentes: las exportaciones, el turismo, los suministros, el precio de los productos y la inversión. Todo ello repercutirá en un aumento de hasta el 10% del desempleo. La pobreza en la región podría alcanzar a 220 millones de personas.1
Así mismo, la previsión, según Naciones Unidas es que el número de pobres en América Latina puede crecer en 35 millones por el coronavirus COVID-19.
Destacan casos como el de Haití y Venezuela, que duramente azotadas por crisis (aunque de distinta índole), ya habían visto debilitadas desde hace varios años las capacidades para garantizar los derechos humanos de sus habitantes.
“Tanta gente viviendo hacinada, sin agua potable o jabón, sin poder abastecerse de comida y sin poder comer si no trabajan… creo que la epidemia de cólera fue predictiva (de lo que puede
pasar ahora): Haití tuvo la peor que se ha dado en la historia. La pesadilla será peor que la de Italia”, afirma Brian Concannon, fundador del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití (IJDH) en una entrevista para la BBC.
En Venezuela, por su parte, la falta de atención médica, de medicamentos y productos básicos, sumado a la hiperinflación, la dolarización no oficial de la economía y al crecimiento sostenido de la pobreza, predice que la pandemia podría costar la vida de millones de personas, no solamente por el contagio de la enfermedad producida por el COVID-19, sino por todas las variables sociales, económicas y políticas que se han agravado especialmente desde 2014.
Estas mismas variables han ocasionado según un informe interno de la ONU al que tuvo acceso ABC internacional, que el 94% de personas sean consideradas en situación de pobreza, que hasta el año 2019 casi 4 millones de personas se hayan visto obligadas a huir de la grave crisis humanitaria que atraviesa la nación sudamericana y que más de un millón de niñas y niños no acudieran a la escuela de forma habitual, sumado a la insalubridad del agua y a la falta de suministro de la misma, lo que aumentó los contagios de hepatitis A, tuberculosis, difteria y malaria.
Una estrategia alternativa con enfoque de DDHH: Ingreso Universal.
Las alarmantes predicciones económicas y sociales respecto a América Latina no son una excepción si se comparan con la situación de países con un “fuerte estado del bienestar” como indicaba en su alocución del sábado 21 de Marzo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sino que incluso en Europa, el panorama es absolutamente alarmante y se requiere pensar alternativas que no solo beneficien a las empresas y a los sectores con mayores recursos económicos, sino que por el contrario, consideren a las personas de forma universal, con énfasis en las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
La renta básica (RB) se define como el derecho de toda persona acreditada a percibir una cantidad periódica que cubra, al menos, las necesidades vitales sin que por ello deba contraprestación alguna.2
Se trata de “un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre
o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva”3
Pero aunque la renta universal ha venido debatiéndose durante años, son pocos los Estados que la han implementado, algunos de ellos: Canadá, Finlandia, Estados Unidos, Alemania, Brasil y Kenia.
Los resultados dependen mucho del mecanismo de implementación, así como de las condiciones de vida en el espacio geográfico del que se trate, y sus resultados arrojan que en la RB caben realidades diametralmente opuestas. Así, la idea de un pago universal —es decir, para todos los ciudadanos por el mero hecho de serlo, con independencia de su situación personal o ingresos— se mezcla a veces con rentas mínimas garantizadas para poblaciones en riesgo de exclusión, como parte de las políticas de lucha contra la pobreza.4
Sin embargo, uno de los principales temores asociados a la RB es la amenaza de inflación. Al respecto, Dennis Egger y Johannes Haushofer, autores de un estudio cofinanciado por Google en Kenia, indican que en la experiencia aplicada en África, no hubo una presión sobre los precios, no se generó una mayor inflación, sino que “Los beneficios se extendieron a toda la comunidad porque el dinero se gastó en la economía local, aumentando los ingresos de pequeños negocios e impulsando los salarios”5
Al respecto, Jordi Sevilla, exministro español, presidente de Red Eléctrica y responsable del informe sobre renta básica publicado por el Observatorio Social de La Caixa profundiza: “Hoy una persona puede trabajar y no tener garantizado el mínimo vital. Estas nuevas formas de pobreza van a hacer que el debate sobre la renta básica vaya a ser cada vez más intenso. Solo así se explica que los tres últimos Nobel de Economía se ocuparan de estos asuntos”.
No obstante, más allá del debate sobre una renta básica universal como cambio de paradigma económico en la intervención social de Estados y entes capaces de ponerla en práctica, es necesario poner sobre el tapete y exigir a los Gobiernos que desarrollen una estrategia con enfoque de derechos humanos frente a las devastadoras consecuencias económicas y sociales de la pandemia por COVID-19, es decir: un ingreso básico universal de emergencia.
Esta estrategia es al mismo tiempo un ensayo de lo que podría ser un ingreso universal, pero no solamente eso, sino, una verdadera posibilidad de implementar soluciones audaces e innovadoras que permitan a los sectores más afectados de la sociedad superar la crisis con dignidad y en pleno ejercicio de sus derechos humanos.
Al respecto, Juan Pablo Bohoslavsky, experto de la ONU, urgió a los Gobiernos a ajustar sus políticas económicas que tengan que ver con el COVID-19 con los términos de los Principios Rectores sobre Evaluación de Impacto de las Reformas Económicas sobre los Derechos Humanos.6
Bohoslavsky aseveró que la respuesta más adecuada a la catástrofe económica y social será poner las finanzas al servicio de los más pobres: “Los estímulos fiscales y paquetes de protección social directamente dirigidos a quienes disponen de menor capacidad para hacer frente a la crisis son esenciales para mitigar las consecuencias devastadoras de la pandemia.”
Al referirse a las medidas de estímulo económico a gran escala que planean algunos países, dijo que son alentadoras, pero insistió en que deben diseñarse de tal modo que no terminen destinadas “a salvar sólo a las grandes empresas y bancos”, sino que deben ir mucho más allá. “Exhorto a los Gobiernos a considerar la introducción de un ingreso básico universal de emergencia”, agregó.7
Así mismo, este ingreso básico de emergencia debe venir acompañado de medidas como la suspensión de deudas y desalojos para personas en situación de vulnerabilidad, que no sean capaces de asumir compromisos económicos, como consecuencia de la crisis económica ocasionada por la pandemia de COVID-19, personas como las mujeres que ejercen el doble rol de proveedoras del hogar y cuidadoras, personas como migrantes sin empleo, personas que trabajan en empleos temporales, precarizados o falsos autónomos, migrantes, solicitantes de protección internacional y toda persona que se encuentre por debajo del umbral de la pobreza o en riesgo de estar en dicha situación.
La posibilidad de un ingreso básico universal a consecuencia de la pandemia es a lo que se refieren Raventós y Wark: «No se trata de una caridad, ni de una “ayuda”, ni de una solución “second best”, ni de un sustitutivo a la espera de una situación mejor. Se trata de un derecho humano, se trata de un derecho al que todos los demás están subordinados: el derecho a la
existencia. Quien no lo tiene garantizado no es libre porque depende de otros para existir socialmente. No se trata de un subsidio condicionado que hay que suplicar o mostrar al burócrata que se tiene derecho a él.» 8
La renta básica equivalente -al menos- a una cantidad igual al umbral de la pobreza en cada país, garantizaría la existencia material de toda la población, no como una “ayuda”, no como una caridad, sino como un derecho humano a la existencia social. Y con la situación creada por la pandemia, su necesidad es más urgente aún.9
Obligaciones de los Estados con respecto a las políticas económicas y los derechos humanos.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicó en su 40o período de sesiones, los
Principios rectores relativos a las evaluaciones de los efectos de las reformas económicas en los derechos humanos.
Este documento indica que los Estados están obligados a gestionar sus asuntos fiscales y adoptar políticas económicas para asegurarse de que respetan, protegen y hacen efectivos todos los derechos humanos. Así mismo, deja claro que las decisiones económicas adoptadas por los Estados, ya sea por sí solos o como miembros de instituciones financieras internacionales, deben cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en todo momento, incluso en tiempos de crisis económica.
Así mismo, en su comentario 2.3 establece que: “En tiempos de crisis económica y financiera, los esfuerzos de los Estados suelen estar dirigidos a tratar de estabilizar la economía. Ello conlleva el riesgo de ignorar sus obligaciones en materia de derechos humanos con respecto a los que más sufren a causa de la crisis económica. Los esfuerzos gubernamentales de estabilización también pueden exacerbar las violaciones de los derechos humanos. Este enfoque es contraproducente porque es precisamente durante esos períodos cuando la población, en particular las personas marginadas, que viven en la pobreza o que corren un alto riesgo de caer en ella, tiene la mayor necesidad de que los Estados cumplan sus obligaciones de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos.
Finalmente, conviene dejar sentado que el principio 6, relacionado a la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos establece que: “Las políticas de reforma económica pueden afectar negativamente a todos los derechos humanos (civiles, culturales, económicos, políticos y sociales). Por consiguiente, los Estados, y los acreedores cuando proceda, deberían velar por que se adopten todas las medidas necesarias para respetar, proteger y hacer efectivos todos los derechos humanos, especialmente en tiempos de crisis económica.
Al respecto, el comentario 6.3 de los citados principios rectores indica que es de vital importancia subrayar que determinadas medidas económicas, por ejemplo, las condicionalidades restrictivas de los préstamos o las restricciones impuestas por los acuerdos comerciales que privilegian los intereses de las empresas, están clara y directamente vinculadas a la capacidad de los Estados para hacer frente a fenómenos que constituyen violaciones manifiestas de múltiples derechos humanos, como la contaminación, la prevalencia de enfermedades que ponen en peligro la vida, el hambre y la malnutrición generalizadas, la pobreza extrema y la falta de vivienda, entre otros.
Es en base a todo esto, que reiteramos y exhortamos a los Estados, Gobiernos e instituciones, a cumplir sus obligaciones no en base a la ley del menor esfuerzo o con énfasis en el rescate de las empresas y de la banca, como en la crisis de 2008 y 2009, sino en implementar una alternativa dirigida a toda la población, poniendo énfasis en personas o grupos en situación de vulnerabilidad.
La coyuntura generada por la pandemia demanda la exigibilidad de los derechos por parte de la población, de organizaciones de derechos humanos, activistas, defensoras y defensores. Si no es usted, si no soy yo, si no somos nosotros quienes exigimos que se cumplan los estándares internacionales en materia de derechos humanos durante y después de esta pandemia, los Gobiernos continuarán eligiendo salvar a los grupos que si hacen lobby político y que ejercen presión económica: los privilegiados de siempre.
Elegirán destinar el gasto al crecimiento económico, bajo la falsa premisa de proteger empresas y empleadores y así, proteger el empleo. De nada sirve una cuarentena para prevenir contagios y salvarse de la enfermedad generada por el COVID-19, si al final la vida no es digna de vivirse, si no existen condiciones para una existencia libre, si hay que suplicar para acceder a condiciones mínimas para seguir adelante en medio de la crisis, porque entonces los gobiernos demostrarán que en realidad su interés no está en proteger los derechos y la vida de su población, sino su propia reputación medida a través de las cifras epidemiológicas, con el objetivo de lograr su continuidad en el poder y el rédito económico asociado a ésta.
Human Rights Institute WJA 